Con la decisión impulsada desde el Gobierno Nacional de implementar un nuevo esquema cambiario que pone fin del cepo al dólar para personas físicas, tras años de fuertes restricciones, y toda vez que a partir de este lunes, cualquier individuo podrá comprar dólares a precio oficial sin límite de cupo mensual y sin importar si recibió planes sociales o trabaja en el estado, desde la Defensoría del Pueblo, advirtió que con una flotación entre bandas de $1.100 y $1.400, “el peso argentino sufriría una devaluación de hasta más del 30%, lo que implicará una nueva escalada inflacionaria, con incrementos en los precios de los alimentos, de los servicios públicos esenciales, medicamentos y otros elementos de consumo masivo, los cuales deberán afrontar con sus ingresos los consumidores y usuarios”, sin olvidarnos que todo este modelo económico se encuentra acompañado de promesas por parte del Gobierno Nacional de avanzar en reformas laborales, previsionales y tributarias.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, indicó que, con el levantamiento del cepo al dólar y el anuncio de más deuda con el FMI, nos encontraremos en los próximos meses no solamente con subas de precios, sino también, con una fuerte licuación de los salarios públicos y privados, a lo que debemos sumarle la casi segura fuga de capitales. La Comunicación A 8226 del Banco Central que habilita desde este lunes el acceso irrestricto al Mercado Libre de Cambios (MLC) para la compra de dólares, siempre que se haga por canales digitales, persistiendo, sin embargo, un límite de hasta USD 100 por mes para quienes deseen adquirir billetes en efectivo.
Por otro lado, las empresas podrán acceder sin trabas a divisas para importar y girar utilidades a sus casas matrices. Gialluca afirmó que, este salto devaluatorio, que se encubre como un levantamiento del cepo, va a traer aparejado también una mayor alza de la inflación y el proceso de desinflación que veníamos teniendo, va a dejar paso a remarcaciones en productos y servicios, lo que perjudicará también a las pymes y a la industria nacional, con una apertura de importaciones, sin políticas de protección ni acceso a crédito, lo que no originará nuevas y más fuentes de trabajo.