Gialluca denunció los altos niveles de desconfianza que posee la CSJN y entre los principales problemas de orden institucional, es grave la falta de independencia respecto del poder político, económico y mediático, solo 3 o 4 personas tienen la última palabra sobre la constitucionalidad de leyes, decretos y actos administrativos emanados de Autoridades elegidas por el voto popular.
El Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE), que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, manifiesta con preocupación cómo se inserta en la sociedad la idea de que un Máximo Tribunal- que otrora el Procurador General consideró incompetente- se autoperciba como “el defensor de la Republica”. Acaso el nivel de compromiso es a la carta? No soy competente, pero igual decido cuestiones vitales so pretexto de defender la República? Y la garantía del debido proceso? Y el derecho de defensa? Y las autonomías provinciales? Y los derechos vulnerados de los trabajadores, de los jubilados y los vulnerables? Cuantas cuestiones de competencia originaria están sin resolver?
El problema nos atañe, no porque sea Formosa el foco en cuestión, sino porque no advertimos la gravedad de las consecuencias.
¿A quienes pretenden engañar? a los incautos seguramente sí, pero no es fácil engañar a quienes sabemos que ni la democracia ni la república ni el federalismo son ideas que están en compartimentos estancos.
¿Soy defensor de la Republica, pero no me importa avasallar la autonomía? ¿Desconozco los mecanismos institucionales si encuentro en peligro la Republica? ¿Soy el único y último intérprete de los derechos y garantías, pero las violo sin consecuencias?
Aplaudimos y silenciamos lo que después padeceremos. La incompetencia dejó de ser un escollo para el Supremo Tribunal, tampoco le importa desconocer sus propios precedentes. Entonces ¿se podrá seguir litigando sin reglas de juego claras? No escuchamos a la comunidad jurídica levantar voces de desaprobación ¿Dónde estarán los renombrados constitucionalistas? Quizás agazapados esperando como los preocupados defensores de las instituciones se pronuncian… Mirar para el costado no es la solución, se está desconociendo la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa (art 170 Constitución Provincial) pero la mirada está puesta muy lejos a más de 1000 Km de nuestra realidad.
¿Es legítimo que una Corte incompetente se pronuncie? La revisión respecto a la constitucionalidad de un artículo de la Constitución por parte de una Corte incompetente claramente socava la idea de federalismo, de república y de principios democráticos porque autoriza a un grupo minoritario a invalidar decisiones del poder originario o derivado.
No podemos olvidar que las controversias sobre derechos fundamentales no tienen respuestas absolutas por tanto es problemático que los jueces que representan una perspectiva limitada sean quienes definan estas cuestiones en detrimento de un debate democrático más amplio.
Por ello en desacuerdos razonables sobre cuestiones de derechos es preferible resolver estas diferencias a través de procedimientos constitucionales y no delegar tal decisión a los tribunales, pues concentrar el poder, en una “elite judicial,” que desconoce sistemáticamente cuestiones fundamentales, puede ocasionar graves perjuicios y las malas decisiones no favorecen a un grupo, estas siempre perjudican a todo el pueblo de Formosa.