-En Formosa, Refsa Gas ofrece la garrafa de 10 kg en todo el territorio provincial a $11.000 con una atención al público de 7:00 a 20:00 horas durante todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo-

La Comisión Directiva de ADPRA, presidida por la Dra. María Rosa Muiños Defensora del Pueblo de CABA, junto al Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, como Vicepresidente II, solicitaron que, en forma inmediata, la Secretaria de Energía de Nación a cargo de Eduardo Chirillo, deje sin efecto la Resolución Nº 216/24 que dispuso la desregulación y/o liberación del precio de gas envasado, reconsiderando el Instrumento dictado, implementando medidas graduales que contemplen, no solamente la grave situación socioeconómica actual de los argentinos, sino también, las bajas temperaturas que se dan en todo el país, con fríos inusuales que no se habían dado en los últimos 60 años y que hace que en los hogares deban consumir más de dos garrafas de 10 kg por mes para cocinar o calentar agua entre otras actividades habituales. Se señaló además que, más de 20 millones de personas no cuentan en la actualidad con el servicio de gas natural y que para comprar una garrafa de 10 o 15 kg se encuentran pagando sumas abusivas que varían según las fraccionadoras y distribuidoras.

El Ombudsman Provincial, agregó que, la industria del gas licuado se rige por la Ley Nº 26.020, en cuyo cuerpo normativo se establece los precios máximos de referencia. Lo que hizo el Gobierno Nacional fue volver al texto original, “que establecía precios de referencia, sin la palabra máximo”. Esto no significa que estemos ante un mercado desregulado porque, aunque esos precios de referencia no tienen hoy tope máximo, hay que tenerlos en cuenta y la referencia de la Secretaria de Energía es de $8.500 la garrafa de 10 kg, la que puede llegar a fluctuar considerando los costos de transporte y logística a un precio aproximado de 11 a 12 mil pesos. Ante este panorama, se requirió también, al Gobierno Nacional que fiscalice a las más de 28 empresas fraccionadoras de gas que van desde grandes industrias hasta cooperativas y específicamente a la Secretaria de Energía de Nación, se le peticionó, arbitre las medidas necesarias para que la garrafa de 10 kg sea considerada como un servicio esencial o público.