-Denuncian que el futuro Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur producirá consecuencias negativas para todos los trabajadores, por lo cual, se comprometieron a solicitar a las próximas Autoridades Nacionales revean esta decisión e inviten a todas las partes involucradas, a sugerir alternativas que impliquen la no afectación de millones de puestos de trabajo, en diversas actividades que actualmente se encuentran protegidas por leyes nacionales en todo el territorio argentino-
En la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se reunieron el Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Formosa, Sr. Hilario Martínez, quien fue recibido por el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, como asimismo por el Responsable de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Néstor Santander, quienes advirtieron que el futuro Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur producirá consecuencias negativas para todos los trabajadores de la Argentina, por lo cual, se comprometieron a solicitar a las próximas Autoridades Nacionales, “revean esta decisión e inviten a todas las partes involucradas, a sugerir alternativas que impliquen la no afectación de millones de puestos de trabajo, en diversas actividades que actualmente se encuentran protegidas por leyes nacionales en todo el territorio argentino”. Ambas partes indicaron en relación a los anuncios de “paralización y/o concesiones” de la –obra pública– que llevará adelante el designado Guillermo Ferraro Ministro de Infraestructura que tendrá a su cargo las Secretarías de Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones, entre otras, que dichas decisiones políticas afectarán a más de 300 mil trabajadores de manera directa y el doble de indirectos, que multiplicados por una familia tipo, representan 1,2 millones de argentinos, entre ellos miles de familias formoseñas que dependen de ella. En este sentido, se acordó plantear oportunamente, “que la Obra Pública en todo el mundo es considerada una inversión y no un gasto, que contribuye al desarrollo de las Economías Regionales. Resaltaron que en la actualidad se están ejecutando unos 160 kilómetros de rutas nacionales y provinciales, como es el caso de los 40 kilómetros de autovía desde Tatané hasta General Mansilla, los 7 kilómetros desde la rotonda Virgen del Carmen hasta la ruta nacional Nº 81, otros 30 kilómetros de pavimentación de la ruta provincial Nº 6, los 78 kilómetros de la ruta provincial Nº 23 y los trabajos en las rutas provinciales Nº 8 y Nº 2 hasta Siete Palmas. A ellas deben sumárseles las obras hídricas del Río Pilcomayo, que vienen siendo financiadas por el Gobierno Nacional que permiten el ingreso de aguas al territorio provincial, sin dejar de mencionar la necesaria construcción que más número de viviendas para las familias formoseñas, a las que se agregan las de Modalidad Aborigen, que van dirigidas a sectores altamente vulnerables y donde, “el Estado Nacional no puede desentenderse, puesto que la posibilidad de implementar el denominado -Modelo Chileno- donde el Estado no dispone de recursos para obras, y es aquí donde ingresarían las empresas privadas, que no se interesarán por estos colectivos”. Denunciaron que el costo de frenar la obra pública y relanzarla posteriormente es mucho mayor, siendo el modelo citado sumamente cuestionado, diferente inclusive de los proyectos de Participación Pública Privada (PPP) que se lanzaron en la Argentina en el 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri las que se llevaron adelante en formosa; “por lo que en la actualidad no están dadas las condiciones para este sistema, donde los gremios y empresas, esperan mayor previsibilidad y urgentes –Acuerdos Institucionales– entre el Gobierno Nacional y los Provinciales que garanticen mantener las fuentes de trabajo y disminuir el déficit habitacional que a la fecha asciende a unas 4 millones de viviendas, siendo para todos los grupos familiares, prácticamente imposible continuar pagando los altísimos alquileres que rigen en nuestro mercado local”.