Se adelantó desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, que ante la posibilidad de una nueva medida de fuerza por parte de la –UTA Delegación Formosa- ante la falta de pago de salarios que deberían haberse acreditado este miércoles 7 del corriente mes y año, por parte de la Empresa Crucero del Sur Agrupación, se solicitó a su Secretario General Diego Mendoza, hagan uso previamente de las instancias administrativas de conciliación ante la Subsecretaria de Trabajo, Justicia y Culto a cargo del Dr. Julio Gustavo Valdez, para así evitar perjudicar a los vecinos que necesitan de este servicio público y de no arribarse a ningún acuerdo, exigiremos que se brinde un servicio de emergencia. Se recordó que, el transporte de colectivos no necesitaba de subsidios en argentina hasta el año 2002 y hoy depende en un 87% del Estado Nacional y de los Gobiernos Provinciales. Si bien es cierto que, el transporte se subsidia en todo el mundo porque tiene un profundo sentido social, continuaremos trabajando para que la distribución de los subsidios sea equitativo, federal y no quede todo únicamente en beneficio de las empresas que brindan servicios en el AMBA. En el 2015, cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia de la Nación, los boletos pagados por los usuarios aportaban el 29% y el Estado, el 71% restante. Al año siguiente, con las actualizaciones que se efectivizaron en el inicio del gobierno de Mauricio Macri, se pasó a cubrir un 62% con subsidios y un 38% con recaudación. Posteriormente, debido a la pandemia, en el 2020 el Gobierno Nacional empezó a subsidiar el 87% del total del gasto. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, añadió que, los usuarios – vecinos deben conocer que, en este proceso electoral nacional, existen propuestas de candidatos para suprimir Ministerios, entre ellos, el de Transporte y ante esa posibilidad se eliminarán también los subsidios, lo que provocará un fuerte aumento en el precio del boleto, lo que lisa y llanamente “determinaría que las personas que suban a un colectivo deberán pagar aproximadamente entre 600 y 700 pesos o más”; lo que convertiría al transporte público en inaccesible para los trabajadores.