-Continúa cayendo el consumo, tanto en hipermercados, supermercados, comercios barriales o de cercanía, lo que nos lleva a exigir que el modelo de producción de alimentos en nuestro país, no tenga únicamente una lógica mercantil y rentista que va en deterioro de las clases sociales más vulnerables y que lleva siempre a una concentración y distribución de los alimentos en manos de un reducido grupo de empresas-
Advirtieron desde la Defensoría del Pueblo que, los alimentos subieron casi nueve puntos en marzo y la canasta básica vuelve a superar al salario mínimo. Es que, el rubro alimentos sigue siendo el principal motor de la inflación en estos tres primeros meses del 2023 y no podemos dejar de mencionar los gastos esenciales en salud, educación, transporte, tarifas, vestimentas, entre otros. Por ello, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores en general y en particular de los no registrados -que son el 35% del total- explica por qué aun en condiciones de crecimiento del PBI, que fue del 5% en 2022, y descenso de la desocupación, la pobreza no sólo que no baja, sino que continúa aumentando y va robusteciendo una sociedad con un 40% de argentinas/os por debajo de la línea de pobreza. Así, el INDEC informó que, el índice de pobreza en Argentina tuvo un aumento del 3% durante los últimos seis meses de 2022 y trepó al 39,2%, esta suba significa que, en la actualidad, 18.679.605 argentinas/os son pobres. En tanto, el índice de indigencia fue del 8,1%. Este porcentaje implica que 3.859.816 habitantes del país son indigentes, es decir que sus ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria. Es aquí donde, el Ombudsman Provincial, denunció por ante el Ministro de Economía Sergio Massa y el Secretario de Comercio de Nación Matías Tombolini, que las políticas actuales de Precios Justos y los Convenios con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y los principales proveedores del sector, actualizando la canasta de frutas y verduras, en el marco del programa mencionado o las modificaciones en el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) con el objetivo principal de proteger el precio del pan y los productos farináceos más consumidos por la población, no llegan a favorecer a los consumidores de Formosa y de todo el Norte Grande, pues, las grandes empresas alimentarias y las cadenas agroalimentarias continúan imponiendo libremente los precios en mercados que se encuentran a 1.100 kilómetros de CABA. Añadió, además, que, si bien el precio de los alimentos en Argentina es complejo y lo atraviesan una diversidad de factores que van desde el origen, producción, comercialización, no podemos dejar de reiterar que la concentración y distribución de los alimentos a un grupo reducido de empresas, “vienen y continúan complicando el acceso a los productos de la Canasta Básica Alimentaria y por ello exigimos la inmediata implementación de medidas políticas y económicas en el proceso agroalimentario y no solamente sobre el final, pues, con -Precios Justos- nos estamos quedando siempre a mitad de camino y para ello, es necesario, no solamente cambiar de estrategia, sino también, incorporar otros actores regionales y locales para abaratar el precio de los alimentos, con la asistencia financiera del Estado”.