Gialluca señaló que, según la Ley de Alquileres vigente, el plazo mínimo para los contratos de alquiler de viviendas es de 3 años y el precio del alquiler se fija como valor único, por períodos mensuales y con ajustes anuales, que se efectúan en base al ICL. Es decir, cada 12 meses los inquilinos deben afrontar una suba en base a los aumentos salariales y la inflación, siempre sobre el valor original del alquiler. Hasta fines de junio de 2020, antes de ser promulgada la Ley de Alquileres (27.551), el precio se definía cuando se firmaba el contrato, y ese monto total se dividía por los 24 meses de duración del alquiler y, en general, se pactaba con subas semestrales. Otro de los cambios de la normativa fue que el mes anticipado y el depósito de garantía que deben abonar los inquilinos no pueden ser mayores que el equivalente a un mes de alquiler, respectivamente. En tanto, el plazo mínimo del contrato se amplió de dos a tres años-
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, expresaron una fuerte decepción por la no modificación por parte del Congreso de la Nación de la Ley de Alquileres Nº 27.551; que garantice previsibilidad y seguridad jurídica, tanto a los inquilinos, como a los propietarios. Aseguraron que, como consecuencia de esto, crecen los contratos, convenios o acuerdos por fuera de lo legal. Otra consecuencia que denunciamos es que esta ley no solamente perjudicó a propietarios, inquilinos, constructores, disminuyendo las inversiones en el mercado locativo. Aparentemente, el interés para modificarla está, pero si no es una modificación consensuada puede empeorar la situación de los inquilinos. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, la actual situación por la que atraviesan los inquilinos en general es muy compleja y dado que los propietarios deben esperar 12 meses para aplicar un índice que ronda el 80%, lo lleva a retirar la propiedad del mercado de alquileres o surgen los contratos marginales. Entre tanto, la mayoría de las personas quieren hacer una contratación dentro de los órdenes normales, pero no tienen alternativas y es aquí donde realizan arreglos por fuera del marco legal que rige el mercado locativo, conducta esta que también están utilizando las inmobiliarias. Nuestra propuesta Institucional es que, los diversos bloques o sectores políticos del Congreso de la Nación, traten este tema que afecta a millones de personas, pues también se debe tener en cuenta que en la actualidad los créditos hipotecarios son inaccesibles tanto para los trabajadores públicos, como privados.