-Gialluca, señaló que la gran concentración económica en nuestro país y la falta de transparencia en la cadena de comercialización, inciden directamente en la formación de los precios de los alimentos y además influyen en los márgenes de ganancias de los diferentes eslabones de la cadena productiva-
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se concretó un relevamiento, ante la proximidad de las fiestas de fin de año y luego del quinto aumento de combustibles, con lo cual “los supermercadistas y almacenes de barrio prevén nuevas remarcaciones en los precios de los alimentos y de los productos de higiene personal”. Los comerciantes detallaron que el stock adquirido durante el mes pasado, resultó importante para mantener los precios en góndolas, pero al mismo tiempo advirtieron que no garantizan que no se producirán mayores remarcaciones. Los productos de higiene personal y perfumería, donde la logística, tiene costos diferentes del transporte de alimentos, son los que aumentaron sus valores. Al igual que todos los productos de limpieza, llegándose a tener incrementos por encima del 46%, según los comercios de la ciudad. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, resaltó la postura del Gobernador Gildo Insfrán, junto a sus pares del Norte Grande, que exigen al Gobierno Nacional la urgente implementación de “un control sobre los sobreprecios de los alimentos que aplican unilateralmente las empresas”. Gialluca, denunció, que una de las causantes de la inflación es la concentración económica. Los mercados de cada producto se encuentran entre solo 18 empresas, las alimenticias que concentran más del 70 % del mercado y eso les permite, elevar los precios por la falta de competencia. Resaltó en este contexto, el Programa “Soberanía Alimentaria” que permite a los consumidores comprarles directamente a los productores, sin qué halla intermediarios, pero se debe utilizar otras herramientas contra las alimentarias, y en esto la CNDC tiene la obligación de sancionarlas. Agregó Gialluca, que el Gobierno Nacional, debe lograr los consensos para prorrogar la Ley de Emergencia Alimentaria Nacional, que se reglamentó el 29 de abril del 2020 y dura hasta el 31 de diciembre del 2022. Esa prórroga, deberá estar acompañada de políticas públicas “que democraticen la producción de alimentos y garanticen el acceso a las góndolas”. Todos los consumidores observamos, como las empresas monopólicas, ocupan el 95 % de las góndolas y hasta cambian de etiquetas y nombres a los productos para continuar manteniendo mayores ganancias; “son las mismas que ahora incumplen la ley de góndolas, la de etiquetado frontal, precios cuidados , y además se victimizan diciendo que los persiguen, cuando lo único que pretendemos es que tengan una ganancia razonable y no abusiva como pretenden seguir facturando a costa del bolsillo de los consumidores”.