El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, “rechazó las afirmaciones del Ing. Jorge Lapeña Exsecretario de Energía de la Nación, quien asegurara a La Mañana, que la argentina no está en condiciones de ofrecer subsidios energéticos y consideró que el país no podrá brindar tarifas diferenciadas a las Provincias del Norte, como vienen solicitando los Gobernadores del Norte Grande……”.
Gialluca, afirmó que, “el Exsecretario de Energía Jorge Lapeña, falta a la verdad o tergiversa la realidad de los hechos, lo que convierte sus afirmaciones en falaces”. Recordó que, Lapeña, se desempeñó como máximo responsable del sector energético durante el Gobierno del Presidente Raúl Alfonsín, primero como subsecretario de Planificación Energética (1983-1986), después como Secretario de Energía (1986-1988) y como asesor presidencial (1988-1989). Durante la crisis energética de 1988 -la peor que recuerde nuestra historia, incluso más grave que las de 1999/2000 y 2002- no sólo demostraba la pésima planificación energética de entonces, sino el estado calamitoso de las centrales termoeléctricas que no alcanzaban a cubrir la caída de la generación hidroeléctrica. Actualmente, junto a otros ocho ex secretarios de energía, funcionarios de Onganía, Bignone, Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, son los especialistas preferidos del neoliberalismo energético, lo que a nadie afecta. Pero que se los haya impuesto como materia de referencia obligada a la opinión pública, a buena parte del periodismo y a Instituciones y Casas de Altos Estudios, resulta sorprendente. Congeladores de los planes nuclear e hidroeléctrico, autores intelectuales y grandes ejecutores de privatizaciones y desregulaciones; consultores privados y peritos para empresas que demandaron a la Argentina ante el CIADI; promotores de exportaciones sin reposición de reservas, electricidad y gas por redes como privilegio excluyente, etc., constituye el currículum abreviado de los ocho ex secretarios. Son los que conforman el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC); y es necesario expresar que llama la atención que no se diga que sus actividades se encuentran en abierto conflicto de intereses con el sector energético de la argentina. ¿Por qué se le oculta a la población que al menos la mitad de ellos son consultores privados y varios incluso han servido de testigos para empresas que demandaron al pueblo argentino ante el CIADI? De ninguna manera proponemos silenciarlos, sino que, a la hora de escucharlos, la ciudadanía debe tener en su haber todos los elementos para elaborar un juicio sobre la objetividad de sus afirmaciones. Es por ello que, desde la Defensoría del Pueblo y en base a lo que consumen por necesidad, los usuarios de energía eléctrica en Formosa y en el Norte Argentino, donde cualquier grupo familiar conformado por 4 personas, “mensualmente se encuentra por encima de los 750kwh o 1000 kwh por mes, al necesitar los splits, heladeras, freezers, ventiladores, etc., para poder sobrevivir a temperaturas superiores a los 45º y mantener los alimentos en buen estado”. Esto se lo pueden preguntar a cualquier vecino de la Ciudad o de cualquier Localidad de los nueve Departamentos, quienes, “no derrochan energía eléctrica, ni sienten que usar un aire acondicionado sea un lujo, sino más bien se constituye en una necesidad humana y por ello es que somos electrodependientes y destinamos gran parte del porcentaje de nuestros ingresos a pagar un servicio público esencial, como es el de la energía”. Por otro lado, no vamos a estar de acuerdo jamás con los topes impuestos hasta ahora en 550kwh para mantener un subsidio del Estado Nacional, cuando actualmente el Presidente de Colombio Gustavo Petro, ha logrado que, desde el Ministerio de Minas y Energías, se disminuya el precio de la energía, donde se ha involucrado a todos los actores de la cadena energética, esto es generadores, distribuidores y transportistas, mediante la renegociación de contratos que incluyen la modificación de tiempos de pago, optimizando la operación de las plantas termoeléctricas. Lo mismo sucede con otras medidas adoptadas actualmente para reducir el precio de la energía y ayudar a los usuarios en países como España, Bélgica, Bulgaria, Portugal y otros, siendo que España ha establecido un Suministro Mínimo Vital, “que prohíbe el corte del servicio energético impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante 10 meses”. Es que el aumento generalizado en los precios de la energía, ha llevado a que Francia también implemente un “Escudo Tarifario” y de esta manera 6 millones de hogares con ingresos bajos, reciban “un Cheque Energético de 100 euros y todos aquellos franceses que cobran menos de 2 mil euros netos, recibirán también una –Indemnización Inflación- por única vez de otros 100 euros para compensar los aumentos”. En el caso de Portugal, ha bajado el IVA a la electricidad y ha aumentado la incorporación de familias a subsidios energéticos. En Italia, se ha determinado la congelación de los aumentos de las tarifas a más de 3 millones de núcleos familiares y antes de la llegada del inverno, Alemania, adopta medidas para amortiguar los incrementos energéticos. Similar situación se da además en varios países de América Latina y el Caribe, donde los subsidios amortiguan el impacto de los aumentos en servicios esenciales como la energía eléctrica, como medidas de emergencia y conforme a la realidad de cada uno de ellos.