Afirman que los atrasos en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad se estarían regularizando en el día de la fecha y que en agosto se otorgó un incremento del 25% en los valores arancelarios, lo que consolida a setiembre un aumento del 69%. Gialluca, señaló que el tema de discapacidad es siempre sensible y por ello queremos tener la información necesaria para llevar tranquilidad a los padres de niñas y niños con discapacidad y recordó que Argentina cuenta con las leyes 22.431 y 24.901 que establecen como debe funcionar el Sistema de Atención a Personas con Discapacidad y cuáles son los Organismos encargados de financiar esas prestaciones, por ello las obras sociales a través de un fondo solidario, que se conforma con los aportes de cada trabajador en blanco y con un mecanismo de reintegro se recupera lo que las obras sociales dan por esas prestaciones. Una retención por parte de la AFIP, habría generado un atraso en el pago a las obras sociales repercutiendo directamente en un recorte a los trabajadores de personas con discapacidad. –
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Fernando Galarraga, un informe documentadamente si existen o no atrasos en los pagos en las prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y las Obras Sociales, toda vez que distintos actores que trabajan con personas con discapacidad: transportistas, profesionales, fonoaudiólogos, psicomotricistas, instituciones y hogares de integración, denuncian recortes en el sector del colectivo de discapacidad y falta de pago de los servicios. Todo esto fundado en que desde el Ministerio de Economía, expresaron en un comunicado que las modificaciones presupuestarias no afectan a ese grupo de personas; aclarando este martes que las «modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores» no afectan a la atención de las personas con discapacidades.
Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso. Por su parte, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, afirmó que «el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno nacional», en respuesta a familiares y prestadores que llevan adelante un acampe en la Plaza de Mayo. Desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días. El tema de discapacidad es siempre sensible y preocupa a las familias y por eso desde el Gobierno Nacional queremos llevar tranquilidad: el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad se está regularizando desde hoy. El atraso de una semana que se generó en los pagos en las prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales se debió a inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados. Galarraga detalló que el mecanismo de integración establece que «la Superintendencia informa a la AFIP los totales liquidados asignados a cada Obra Social y luego AFIP procede a acopiar de la cuenta recaudadora los recursos necesarios para cubrir dicha erogación». Dicho proceso se encuentra en curso dada la dinámica de la recaudación, para que el organismo recaudador proceda a acreditar la suma total a cada Obra Social y se efectúen los pagos de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad. Informó, también, que «adicionalmente, hemos dispuesto que Directores de Andis atiendan y se pongan a disposición para agilizar las gestiones más urgentes de los prestadores», y recordó que cuando asumimos nuestra responsabilidad, en 2020, muchos de los prestadores estaban fundidos y llevaban más de 6 meses de atraso en recibir sus pagos, nosotros los pusimos al día y les hemos dado un incremento del 231%. En agosto hemos dado un incremento del 25% en los valores arancelarios, lo que consolida a septiembre un incremento del 69%, por encima de la inflación, junto con otras importantes medidas como los avances en el Certificado Único de Discapacidad, el Plan AccesAR ( tiene como objetivo apoyar a los gobiernos municipales en la institucionalización, jerarquización y ordenamiento de políticas públicas en materia de discapacidad) y la asignación de pensiones son posibles porque se pone a la discapacidad en el centro de la agenda pública.