En la Ley de Defensa del Consumidor, como así también en la Constitución Nacional y en el Código Civil y Comercial, se encuentran previstas una serie de garantías para evitar abusos contra los consumidores y que reciban siempre un trato digno y equitativo por parte de los proveedores. Así podemos decir que al legislador le interesa proteger al consumidor en este aspecto, debido a la cantidad de situaciones que existen todos los días, en las que el consumidor no recibe un trato digno. “En algunos casos, estas prácticas son tan comunes que, con el correr del tiempo, se hacen habituales y el consumidor se acostumbra a recibirlas sin quejarse”.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, no debemos naturalizar estas situaciones y que para ello “necesitamos que los consumidores y usuarios denuncien las irregularidades y malos tratos en los comercios, simplemente mediante un whatsapp o un correo electrónico, pues, uno de nuestros objetivos es la de actuar como correctores de la desigualdad estructural que los consumidores padecen en el mercado”. El artículo 8 bis de la Ley De Defensa del Consumidor establece que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios y que deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Si no se cumple, podrán ser sancionados con una multa civil, sin perjuicio de los resarcimientos que le puedan corresponder al consumidor, siendo responsable no solamente el proveedor sino también en forma solidaria quien actúa en nombre del mismo. ¿Cómo reconocer un trato vergonzante, vejatorio o intimidatorio? “Vergonzante” es todo aquello que pueda resultar deshonroso, humillante, perturbador. Se trata de evitar situaciones que pongan al consumidor en vergüenza, ridículo, absurdo o incomodidad. “Vejatorio” alude a conductas del proveedor representativas de maltratos, persecuciones, perjuicios o padecimientos. “Intimidatorio” refiere a comportamientos que infunden temor. En este sentido, desde la Defensoría del Pueblo, se denunció que, en los últimos tiempos, en varios comercios de la Ciudad de Clorinda, se vienen produciendo situaciones abusivas, “a punto tal que estamos procesando casos, donde a una consumidora, un comercio mayorista y minorista ubicado sobre la Av. San Martín, “directamente se negó a venderle unos productos a una clienta, situación esta que se viralizó a través de las redes”. Es que, los propios comerciantes están exigiendo que se pague en guaraníes, despreciando la moneda argentina o que se abone en dólares, sin llegar a utilizar, ni aceptar pagos mediante tarjetas de débito o créditos a vecinos de nuestra Segunda Ciudad. En este contexto, hemos llevado a cabo una -Audiencia de Conciliación-, en el entendimiento de que, “si bien hoy por la particular situación económica los comerciantes privilegian la atención de los consumidores paraguayos, no deben por qué ingresar en prácticas de tratos indignos para los consumidores – vecinos que son sus clientes de años y que siempre les van a seguir adquiriendo sus productos o servicios”. Gialluca en este sentido, rechazó las afirmaciones del Presidente de la Cámara de Comercio de Clorinda, Pedro Ortiz quien advirtió que en la segunda ciudad de la provincia los comerciantes solo aceptan guaraníes: “El comerciante en Clorinda no recibe pesos, recibe guaraníes”. En ese sentido, aseguró que esta medida es permitida dado que, sin la misma, no se producirían ventas. “Dejamos que venden en esa moneda porque le buscaron una salida a la situación económica para poder seguir vendiendo”. El guaraní se mantiene, no se devalúa y si uno no tiene esa moneda, no te venden. Lo que no se dice, es que también se discrimina y se trata indignamente a los consumidores que son los “clientes de siempre de los comercios de Clorinda y a quienes también les asiste el derecho a pagar en pesos, con tarjetas de débito, crédito y los comercios deben respetar las obligaciones, tanto de la AFIP, como de la DGR, pues las evasiones están a la orden del día y ello constituye un delito, tanto o más grave que maltratar a los consumidores”. Es que hasta los ciudadanos que necesitan el combustible para ir a trabajar o desplazarse de un lugar a otro, “deben hacer largas filas, perdiendo horas de tiempo para obtener unos litros de naftas o gasoil, mientras las estaciones de servicio priorizan su venta indiscriminada hacia Paraguay y donde hemos pedido que abastezcan primero el mercado interno de la ciudad y luego vendan el combustible a los camiones extranjeros o a quienes mediante grandes depósitos preparados al efecto, burlan permanentemente a las Autoridades de Fiscalización, poniendo en riesgo la vida de todos lo que ha sido denunciado ante la Justicia Civil y Comercial de nuestra Ciudad”.