Desde el mediodía de este jueves 4 de agosto, la Empresa Crucero del Sur puso a circular 35 colectivos, con lo cual, Gialluca volvió a considerar insuficiente a este número de vehículos y sugirió a los vecinos estar atentos, puesto que, ahora aparece la UTA Seccional Formosa, llamando a un paro de actividades-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el día jueves luego del mediodía, la Empresa Crucero del Sur Agrupación, puso en funcionamiento para todas las líneas que debe cubrir unas 35 unidades, por lo cual, evidentemente el Funcionario Provincial afirmó que, apareció el gasoil que ayer no tenían. No obstante, lo cual, advirtió a todos los vecinos que estén atentos a las informaciones que nos van llegando, pues ahora la UTA Seccional Formosa a través de su Delegado Diego Mendoza, amenazó con una medida de fuerza si no aparece el dinero para sueldos, aguinaldo y un bono que se les adeuda por parte de la Firma. Gialluca señaló también que, pedirán al Presidente de la Comisión de Transporte José Delguy, que este Organismo de la Constitución en nombre y representación de la universalidad de usuarios del transporte público de pasajeros de la Ciudad de Formosa, pueda ser parte de una posible reunión a llevarse a cabo la semana que viene, con la participación de Representantes de Crucero del Sur Agrupación y de esta manera buscar una solución de fondo para brindar un servicio público regular y para lo cual el diálogo y el consenso son las mejores herramientas en estos casos. Añadió el Funcionario Provincial que, Argentina tuvo una política concreta de subsidios a los sistemas de transporte automotor de pasajeros de todo el país a partir del año 2001, derivado de la crisis ocurrida en nuestro país, la devaluación del peso nacional con respecto al dólar y el incremento abrupto de los costos de la prestación del servicio de transporte urbano. En este marco, nace el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), con el objetivo de compensar las diferencias entre costos y tarifas. En una primera instancia, su distribución garantizaba una asignación equitativa entre las diversas jurisdicciones del país, pero esto no se mantuvo en el tiempo. El Estado Nacional, para salvaguardar precios de boletos muy accesibles para el Área Metropolitana de Buenos Aires, estableció un régimen de compensaciones adicionales al SISTAU que permitió a las empresas cubrir el déficit entre lo que pagaban los usuarios y los verdaderos costos de sostener la prestación. Este fue el puntapié inicial de una política que estableció una inequidad muy marcada entre los habitantes de una y otra parte del país, que se sostiene hasta hoy en día. Con la presión de las provincias del interior del país, en el año 2007 se logró ampliar las transferencias al interior del país, pero con montos y criterios distintos a los que tenían las empresas del AMBA. Es decir que, a pesar de sumar recursos no fueron suficientes ni equiparables a los asignados a AMBA y no cumplieron con la necesidad de mantener precios de boletos más accesibles para los usuarios. La distribución a lo largo de estos años ha sido 80% para la región AMBA y 20% para el interior del país. Esta brecha de asignación de recursos Nacionales entre Jurisdicciones se mantuvo con oscilaciones, pero fue en el 2018 que se sancionó la Ley N° 27.467 que derogó los convenios con las jurisdicciones provinciales, y creó un Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano del interior del país, con el objeto de compensar los posibles desequilibrios financieros que pudieren suscitarse a raíz de las modificaciones producidas por aplicación de esta nueva norma. Como condición de percepción por cada jurisdicción, los Estados provinciales deberían hacerse cargo del 50% del equivalente a los montos percibidos por cada una de las empresas operadoras durante el 2018 por todo concepto. Esta nueva política implementada por el Gobierno Central amplificó la brecha entre AMBA y el resto del país e impactó fuertemente en los ingresos del sector, disminuyendo en un 70% los subsidios al interior del país y deteriorando, como consecuencia, la capacidad de las empresas de sostener una prestación de calidad.
En este marco, podemos afirmar que las políticas de subsidios tal y como están planteadas en la actualidad solo generan perjuicios, en primera instancia, a aquellos sectores socioeconómicos más vulnerables, y los usuarios de transporte en general, que modifican sus hábitos de movilidad por otros modos alternativos que resultan más inseguros en términos viales o más contaminantes en términos ambientales.