Gialluca denunció que, existen varios vacíos entre el sistema de atención que determina la Ley y las necesidades o demandas de las familias y los pacientes-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que no debemos apresurarnos a buscar o presentar proyectos de ley pidiendo la adhesión a la Ley de Salud Mental vigente desde el 2010, y por la cual se designaron siete directores nacionales, pero los especialistas y las familias de los enfermos advierten severas deficiencias y por ello pidió cautela al Diputado Provincial por el Frente Amplio Formoseño Enrique Ramirez. Es que la norma aprobada en el 2010 no dio los resultados esperados, según coincidieron profesionales, familiares, pacientes y funcionarios en jornadas que convocó el Senado de la Nación. Los reclamos incluyen las dificultades para las internaciones y la falta de acceso a los tratamientos oportunos y de prevención de situaciones tan extremas como intentos de suicidio o crisis sin posibilidad de contención a tiempo. Hace un mes y medio, el Gobierno Nacional anunció que duplicó el presupuesto de salud mental de $3700 a $7700 millones al presentar la Estrategia Nacional de Salud Mental. Eso es una décima parte de lo que indica la ley. El anuncio se traduce en el 1,3% de unos $567.300 millones destinados en el presupuesto nacional a la salud de los argentinos, de acuerdo con el monitoreo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La falta de recursos es una barrera para avanzar en la sustitución del sistema de atención con hospitales psiquiátricos por uno de salud mental comunitario como indica la ley, en el que todos los centros de atención primaria y hospitales generales brinden asistencia y existan dispositivos intermedios como hospitales de día, viviendas asistidas, servicios de atención domiciliaria y ambulatoria, cooperativas de trabajo, entre otros, que aseguren una atención continua, integral y de calidad, y que promuevan la inclusión social. Se suele afirmar que, en salud mental, más importante que 10 días de internación es lo que se haga los 355 días restantes del año para mantener a esa persona en la comunidad, volver a estudiar, trabajar, atender a sus hijos entre otras actividades. Existe una brecha entre el sistema de atención y las necesidades o demandas de las familias y los pacientes, este es un problema histórico y global; reducir esa brecha es incluso una de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, pero no es solo la cantidad de recursos que se tiene para el tema, sino en la forma en que se distribuyen y planifican. Gialluca consideró que, el art. 20 de la Ley debería ser modificado toda vez que una persona adicta, no puede decidir en su sano juicio que es lo bueno o lo malo para su integridad psicofísica, por ello, nosotros proponemos alternativas intermedias, ya que, en temas tan difíciles, los familiares de los pacientes psiquiátricos nos piden que los escuchemos y en todo esto, “son los sistemas los que deben adaptarse a la necesidad de los pacientes y sus familiares y no a la inversa”. Por otra parte, la Ley contempla el consumo como una problemática de salud mental y con esto lo único que se hace es discriminar y estigmatizar más aún a las personas, lo correcto sería contemplar el fortalecimiento de equipos capacitados y especializados en consumo dentro de los sistemas de salud mental. Finalmente, señaló que, debemos encontrar opciones que no sean rígidas, ni tan severas, “esto es no podemos ir desde una internación hasta el punto de dejar a las familias solas con su familiar enfermo y aquí es donde se hacen necesario desarrollar más dispositivos intermedios, tanto en el ámbito público como privado, principalmente en lo que respecta a los casos de consumo de sustancias peligrosas donde palpamos que hay recaídas, mejorías y aquí es donde las familias y el paciente deben ser acompañados, pero nunca con medidas radicalizadas”.