El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, mientras continúan riñendo en el Congreso de la Nación la modificación a la nueva ley de alquileres y teniendo en cuenta que las Cámaras entran en receso, “los inquilinos que son la parte más débil de esta relación, siguen siendo perjudicados, puesto que, los aumentos de los alquileres para este mes rondan en un 58,15%, lo que significa que un inquilino que inició su contrato abonando 20 mil pesos, por la actualización deberá pagar $31.700 aproximadamente”.
Todo esto, ha llevado a que se origine un fuerte mercado negro o paralelo de contrataciones que, en definitiva, termina perjudicando a todas las partes. Interín, esperaremos que el Congreso de la Nación apruebe una norma que garantice precios justos y razonables, como así también, previsibilidad en materia de alquileres, puesto que, se ha dado una lucha encarnizada entre las Federaciones de Inquilinos y la de las Inmobiliarias para imponer sus diferentes puntos de vista. Así, están quienes defienden los dos años de la locación o los tres y las diversas fórmulas de actualización. Esto ha llevado a un gran debate que se centra, en si el acceso a la vivienda lo decide el mercado o el estado. Se recordó que, el primero en congelar el precio de los alquileres fue Irigoyen y luego fue Perón, con la prohibición de las viviendas vacías por más de un mes, creando la Cámara de Alquileres para controlar y regular la relación del inquilino con los rentistas, estableciendo la función social de la vivienda. Institucionalmente, tenemos una postura tomada y que consiste en que el mercado inmobiliario no puede manejar antojadizamente la oferta y la demanda. Con el actual abuso del mismo, “se estima que entre un 45 y hasta un 50% de los ingresos de los grupos familiares se destinan en Formosa a pagar el alquiler de la vivienda donde viven y esto se complica si se trata de una propiedad horizontal, tiendo en cuenta que en los últimos días también han aumentado exponencialmente las expensas”. Esto complica la situación de miles de familias, ya que, prácticamente solamente trabajan para pagar el alquiler y servicios públicos y, por otro lado, no tienen ninguna posibilidad de acceder a un crédito o a una vivienda propia, salvo que el Estado Provincial les conceda una a través del Instituto Provincial de la Vivienda. Por último, Gialluca, fue muy crítico con todos los bloques de la Cámara de Diputados, quienes por diversos intereses, no pueden llegar a consensuar una reforma a la ley de alquileres y esto es porque no piensan en que la gente debe afrontar diariamente, no solo gastos de alimentación, medicación, servicios públicos, sino también los costos en materia de alquileres, señalando que toda esa plata es “plata quemada o perdida para los inquilinos, pues, no pueden salir adelante con algún proyecto superador”. En este sentido, insistiremos Institucionalmente en que se dé una solución de fondo al problema del alquiler de viviendas en nuestro país y para ello debemos recordar que durante la pandemia se congelaron los alquileres y ello generó que los propietarios que no pudieron aumentar durante la misma, lo hicieron luego de golpe para recuperar lo que no habían ganado y en la actualidad, la gente lucha contra la inflación, la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios, la suba del dólar y obviamente, con la inseguridad jurídica existente, producto de que nuestros legisladores no resuelven una norma que favorezca a inquilinos y a propietarios, poniendo plazos y fórmulas de actualización que no sean de cumplimiento imposible y en beneficio de todas las partes, dejando en claro que es el Estado el que debe regular esta materia y nunca el mercado, pues, a este último, solamente le importa la ganancia de los propietarios y de las inmobiliarias.