Gialluca resaltó que, sin conocer el verdadero costo de la producción de la energía eléctrica, se hace difícil implementar una segmentación, denunciando que los Cuadros Tarifarios ya están segmentados y coincidió con el Subsecretario de Energía, “que la política de subsidios generalizados es Pro-Ricos”. Advirtió que, los sectores económicamente privilegiados a los que se le aplique las tarifas planas, seguramente van a judicializar esta segmentación y también sugirió que la quita de subsidios, “debe distinguir a los sectores productivos o pymes que no especulan con sus diversas actividades y a quienes pidió la debida protección, requiriendo ser inflexibles en la quita de subsidios con todos los sectores industriales, formadores de precios y especuladores, pues seguramente trasladarán los mayores costos energéticos a los precios de los bienes y servicios que consumimos y ello hará que aumente la inflación y por ende disminuya la capacidad adquisitiva de los trabajadores”. Por último, propuso que este sistema de segmentación tarifaria, no se constituya en un aumento para los usuarios residenciales y que se debe avanzar para que los salarios públicos y privados le ganen a la inflación y con ello la subvención de las tarifas sean una excepción y no una medida que se tenga que aplicar sobre el 90% del padrón de los usuarios como se realiza actualmente-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, culminó este jueves en la participación de las diversas Audiencias Públicas convocadas tanto por la Secretaria de Energía de Nación como por el ENRE y en el caso de esta última la que tuvo por objeto, “todo lo relacionado a la segmentación de los subsidios energéticos”. El Funcionario Provincial, señaló como llamativo que no estuvieran presentes ni el Secretario de Energía Darío Martínez y ningún Representante del ENRE, siendo presidida la Audiencia Pública por el Subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio quien realizó una fuerte defensa de la posición del Ministerio de Economía, considerando que la metodología actual de subvenciones a las tarifas es “pro-rico”. Marcó la necesidad de comenzar a recortar las subvenciones del Tesoro sobre el sector energético, dado que, a su entender, el esquema favorece a los usuarios de mayores ingresos. Agregó que, se destina un mayor porcentaje de los subsidios a los sectores de mayores ingresos, es decir, que el 50% más pobre recibe un 40% de los subsidios, mientras que el 50% más rico recibe un 60% del total. Propuso que, aquellos que reciben ingresos que superan las 3,5 canastas básicas totales, que posean 3 o más inmuebles y/o vehículos 3 o más con menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios de embarcaciones de lujo o aeronaves, abonen la tarifa plena, sin subsidios. En este segmento también se contempla a quienes viven en urbanizaciones cerradas. Explicó que, hoy el Estado cubre más del 75% el costo del gas y electricidad que se incluye en las facturas y que los usuarios sólo abonan una parte de este costo, entre el 20% y el 25%, por ello la propuesta del Gobierno Nacional contempla la posibilidad de asignar subsidios energéticos según la capacidad de pago a fin de mejorar el impacto distributivo, reducir la dependencia de importaciones, disminuir el impacto ambiental y liberar recursos para áreas prioritarias como obra pública, vivienda e inversión social. López Osornio aseguró que, el Estado cubre la diferencia entre el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) que pagan usuarios y el costo de generación por medio de transferencias a CAMMESA, por lo cual, sostuvo que el precio abonado por la energía eléctrica, es uniforme en todo el territorio nacional, de manera tal que el monto de subsidio por cada kW/h consumido en todo el país es igual para todos los usuarios y por ello propuso la segmentación. En cuanto a los criterios de segmentación, los que se pretenden imponer son: * El primero responde a parámetros geográficos-espaciales, en donde se define el nivel de subsidios a aplicar en una zona determinada. Este criterio funciona en ciudades con alta densidad poblacional y zonas homogéneas de poder adquisitivo (AMBA). *El segundo criterio se vincula con los ingresos y patrimonio de los usuarios, por este motivo, requiere mantener actualizada de forma permanente una base de datos, se nutre de información de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). * Respecto a los criterios socioeconómicos, se incluirá a: jubilados, pensionados o trabajadores en dependencia cuya remuneración sea menor a 2 salarios mínimos, vitales y móviles, y monotributistas en la misma situación, beneficiarios de pensiones no contributivas, titulares de programas sociales, trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social y los incorporados en el Régimen de Seguridad Social para trabajadores de Casa particular, Titulares de seguro de desempleo, aquellos que reciben Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, Titulares de certificado de discapacidad. * Quedan excluidos aquellos que: posean ingresos superiores a 3, 5 Canastas básicas totales, de un hogar tipo 2 según el INDEC, Propietarios de 3 o más inmuebles, Titulares de 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años, Titulares de aeronaves o embarcaciones de lujo.