El día 17 de noviembre de 2020 fue sancionada en el Congreso de la Nación la Ley Nº 27.592 que establece la formación integral en ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública, denominada Ley Yolanda en honor a Yolanda Ortiz, doctora en química, nacida en Tucumán, Argentina, especializada en toxicología y becada en su juventud en La Sorbona (Francia) donde permaneció hasta fines de los años 60’, y quien fuera la primera mujer en ejercer un cargo público en gestión ambiental en América Latina.
Se establece la capacitación obligatoria, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sustentable, cambio climático, protección de la biodiversidad y los ecosistemas, eficiencia energética y energías renovables, economía circular e información relativa a la normativa ambiental vigente. Los numerosos desafíos ambientales de nuestro tiempo demandan el compromiso de todos los sectores sociales y, principalmente, de quienes planifican e implementan políticas públicas en nuestro territorio provincial. En ese sentido, la formación ambiental, en tanto proceso orientado a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten tomar decisiones individuales y colectivas de cara a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural, constituye una herramienta imprescindible, señalaron desde la Defensoria del Pueblo. Añadiéndose que el objetivo principal de la denominada Ley Yolanda es que los funcionarios y empleados públicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible. Por ello desde la –Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable- promocionaremos no solamente la adhesión a la Ley Yolanda, sino que también trabajaremos hacia un nuevo contrato social de ciudadanía responsable con todo lo relativo al ambiente y con seguridad cuando encontremos una normalización sanitaria, se pondrá en marcha y se desarrollará la Ley de Educación Ambiental en toda la provincia, coordinadamente con las diferentes Áreas Competentes.
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