El gran problema señaló Gialluca, es la inflación y esto generará incertidumbre en los propietarios que al elevarse a 3 años como plazo mínimo los contratos, buscarán cubrirse de la inflación pasada y de la que podría venir-
Ante la incertidumbre por el vencimiento de los contratos de alquiler durante la cuarentena, el Gobierno Nacional, decretó un congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos que después de un año, llegó a su fin en este mes de abril. La Cámara Inmobiliaria Argentina alertó que se dará una situación que nunca se vivió en el País. Es por ello que, desde la Defensoría del Pueblo, informamos cuales son los escenarios en los cuales se pueden encontrar los inquilinos. A partir de ahora, los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda tendrán la posibilidad de acordar planes de pago de hasta 12 cuotas, contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo. Es que, desde abril, se aplicará la nueva Ley de Alquileres aprobada en junio por el Senado, que modificó la extensión de los contratos de 2 a 3 años y el Índice de Ajuste que se podrá aplicar Anualmente. La fórmula dependerá un 50% del avance de la inflación y de un 50% del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que mide los salarios promedios. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, los inquilinos se encontrarán con diversas situaciones y obviamente se prevén importantes aumentos de entre un 20% hasta un 50% para cubrirse de la inflación pasada y de la que podría venir por parte de los propietarios. Es que, la Nueva ley de alquileres es una ley favorable al inquilino, pero les origina una gran incertidumbre a los dueños, porque eleva a 3 años el contrato mínimo, las actualizaciones pasan a ser anuales y, existe el miedo que como ocurrió alguna vez, se manipulen los índices de inflación y no se refleje la real variación de la misma. Gialluca señaló que, como una respuesta a estas situaciones, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial a cargo de Luciano Scatolini, se elaboró un -Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales-. Añadió que, el objetivo del actual Gobierno Nacional es poner más recursos como no se hizo en los últimos años en Argentina, en la construcción de vivienda con las Unidades Ejecutoras en las Provincias y también a través del Procrear (Programa de Crédito Argentino). Como consecuencia del impacto de las medidas sanitarias de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la producción y el empleo, numerosos inquilinos se encuentran con crecientes dificultades económicas para cumplir con las obligaciones de pago emanadas de los contratos de alquiler, sin desconocer la existencia de aquellos que no poseen un contrato de alquiler formal, pero sí una relación de compromisos con los propietarios o responsables de inmuebles. Ahora, conforme al protocolo, ¿quiénes serán priorizados? El decreto remarcó que, para la asistencia, se establecerán los criterios de priorización de las personas: se tendrá en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
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