El Titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó por improcedentes, injustificadas y absurdas las afirmaciones del Ex Ministro de Energía Juan José Aranguren durante el Gobierno de Mauricio Macri, al sostener el mismo, “que el actual Gobierno Nacional, está atacando las consecuencias y no las causas, cuando se habla de pesificación o dolarización de la generación de la energía, ya que para el Ex Funcionario, el principal problema del país, es que no se puede controlar ni el dólar ni la inflación”.
Gialluca señaló, que lo que no dice y se olvida arteramente Aranguren es que, durante 4 años, junto con el último Titular del ENRE Ing. Andrés Chambouleyron que debió renunciar a su cargo, “fueron los padres de los mayores tarifazos energéticos que conocemos los usuarios residenciales y comerciales”. Ambos diseñaron aumentos de tarifas de energía eléctrica y de gas sin mediar Audiencias Públicas y siempre favoreciendo a empresas como Pampa Energía, Bridas Corporation, a través de Pan American Energy (PAE) de la familia Bulgheroni y otras. La pesificación de la generación de energía eléctrica, es un primer paso, puesto que deberán buscarse las alternativas necesarias, para que estas medidas lleguen también al transporte e impacte en la posterior distribución por parte de las distintas empresas tanto públicas o privadas que funcionan en cada provincia. El Ombudsman Provincial, señaló que esto es necesario y urgente, “pues no podemos tener tarifas de servicios públicos dolarizadas y salarios pesificados y devaluados por la inflación que dejó el Gobierno Nacional anterior, sumado al descalabro económico interno y externo, que ha llevado a que los índices de pobreza e indigencia sean los más altos de las últimas décadas”. Es entonces que en este contexto, y al haber eliminado el Gobierno Nacional de Mauricio Macri todos los subsidios y beneficios a las provincias electrodependientes, en la actualidad con la pesificación de una parte a las Compañías de Generación de Electricidad, que tendrá como consecuencia un ahorro de unos USD 320 millones anuales, los usuarios no tendrán ahora un descuento en sus facturas, pero sí permitirá asegurarles que no deberían existir futuros aumentos una vez que se salga del congelamiento tarifario existente. Posteriormente, con el proceso integral de revisión de las tarifas y al reducirse los costos de la generación de los actuales USD 69 en torno a USD 60 por MWH, todo ello debe impactar en el transporte y a favor de las distribuidoras, “lo que en consecuencia tendría que beneficiar a los usuarios residenciales y comerciales”. Para ello, será fundamental que el ENRE funcione como un Órgano de Control y Fiscalización de todo este proceso y que no se den los resultados irregulares que tuvo la gestión de Andrés Chambouleyron, que llegó a ese cargo siendo el segundo de Aranguren y a su vez, abogado asesor de las empresas generadoras y transportistas de energía eléctrica. Por ello, al tener el Estado Nacional un ahorro fiscal de unos USD 300 millones anuales, “es la oportunidad que se nos otorgue una Tarifa Regional Diferenciada, ya que más del 35% del ingreso de los trabajadores formales va a parar directamente al pago de las facturas de energía eléctrica y esta es una situación que no se puede sostener en el tiempo, toda vez que los salarios han sufrido una muy fuerte devaluación y deben enfrentar la crisis económica y social con valores muy altos en alimentos y medicamentos que dejó el Gobierno Nacional anterior y que el actual, va tratando de resolver a favor de los sectores más vulnerables de nuestra población y de las regiones que fueron más castigadas económicamente hablando por la administración de Mauricio Macri”.