Por otro lado se renovó el pedido a la I.G.J y a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para la adopción de medidas urgentes en beneficio de los adherentes y adjudicatarios de planes de ahorro para fines determinados, fundándose en los excesivos y permanentes aumentos que se vienen registrando desde el año 2.018 y que continúan a la fecha sin instrumentarse una solución de fondo para miles de consumidores.


El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José L. Gialluca, requirió al Señor Inspector General de Justicia, Dr. Ricardo Nissen, para que, dentro de las facultades otorgadas por la Ley Nº 22.315, disponga las medidas necesarias y urgentes para garantizar la factibilidad del cumplimiento de los contratos bajo la modalidad de “grupo cerrado”, asimismo, se puso en conocimiento de dicha actuación a la Señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos la Dra. Marcela Miriam Losardo, considerando que, la situación económica actual, exige la adopción de previsiones que contemplen la crítica situación de los adherentes y adjudicatarios de todo el país, que es de público conocimiento, encontrándonos en un escenario donde permanentemente aumentan las cuotas de los planes de ahorro, incrementos que deben absorber los consumidores, a lo que se suma, la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos debido a la elevada inflación, que acarrea en muchos casos, el incumplimiento de los ahorristas o peor aún, deriva en el secuestro de los bienes, afectando la calidad de vida de numerosas familias. Entre las medias solicitadas, se puede mencionar: establecer un régimen de diferimiento de pagos que coadyuve a la preservación de tales obligaciones en condiciones equitativas; se elimine la aplicación de multas a los suscriptores y la reducción de las cargas administrativas; se contemple para dichos contratos que el precio de los bienes sea el mismo percibido por operaciones de venta efectuadas a la red de comercialización de las empresas fabricantes de los mismos, aplicándose las bonificaciones correspondientes; que, el premio de los seguros sobre los bienes adjudicados, se adecue a los percibidos por operaciones ajenas al sistema de ahorro concertadas en el lugar de entrega de los bienes y la cobertura de riesgos exigible, o en su caso, se brinde la posibilidad a los suscriptores adjudicatarios de optar por la contratación directa del seguro; que, se le exima al adjudicatario en mora, de pagar determinados gastos de cobranza extrajudicial y se le facilite la posibilidad de cancelar los saldos de deuda, evitando así la ejecución judicial del bien-tipo prendado, otra alternativa a tener cuenta, consiste en actualizar las cuotas según el índice salarial publicado mensualmente por el INDEC. Todo en ello, en miras a impedir una mayor afectación patrimonial del suscriptor y sus garantes. En este contexto, cabe señalar que el segmento de ahorristas más comprometido, es el adjudicatario en mora, es decir, aquellos que ya cuentan con el vehículo en su poder y no están pudiendo cumplir con el pago de las cuotas mensuales, considerando las graves consecuencias que ello acarrea. También es dable destacar que, este Organismo de la Constitución, renueva su solicitud y brinda las propuestas mencionadas a una nueva gestión de gobierno nacional y en el marco de la “Ley 27.541 denominada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, dado que, durante el Gobierno del Expresidente, Ing. Mauricio Macri, a pesar de los reiterados pedidos de intervención de las Defensorías del Pueblo y de las Asociaciones de Consumidores de las diferentes provincias, el Organismo Nacional que es la I.G.J., nunca dio una respuesta sobre el particular, evadiendo el deber que le fue impuesto por ley, de atender los reclamos que le son planteados y de contestar los requerimientos de los Organismos de la Constitución. Como tampoco lo hizo su superior jerárquico, el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Germán Carlos Garavano a quien se le corrió traslado la problemática existente. Para finalizar, el Dr. Gialluca resaltó que, el mismo día en que se envió la actuación vía mail, – el 21 del corriente mes y año – la I.G.J. a cargo del Dr. Nissen, acusó recibo de la misma, informando que derivó el caso al sector correspondiente, por lo que, esperamos tener novedades al respecto en poco tiempo; invitando a los interesados para obtener mayor información sobre esta cuestión, a la sede de la Def. del Pueblo sita en Padre Patiño Nº 831 en los horarios de atención al público o comunicarse vía mail a: denuncia@formosa.gov.ar o telefónicamente al 4436379.