Desde la Dirección de Defensa de los Usuarios, Consumidores, Contribuyentes y Relaciones de Consumo de la Defensoría del Pueblo, salieron al cruce de las declaraciones del propietario de una importante cadena de supermercados de la Provincia, quien afirmara que no hubieron aumentos en las mercaderías sino que las alzas se deben al regreso del IVA.
Desde el Organismo de la Constitución afirmaron que se registraron fuertes aumentos en los meses de noviembre y diciembre de 2019, denunciando que tal maniobra se atribuyó a la “especulación” de dos multinacionales que concentran casi el 80 % de la oferta en productos de primera necesidad en el país y que no son otras que P&G y Molinos Ríos de la Plata. Así fue que, a fines del año pasado, en el ocaso de una política económica nacional que durante cuatro años nos dejó a los consumidores a merced de estos grupos económicos, afirmaron, las empresas nombradas efectuaron marcadas subas, muchas de ellas muy por encima de la inflación existente, previniendo que el nuevo Gobierno Nacional, ya electo, trabajaría fuertemente para estabilizar los precios. A tal espuria medida que hizo que hoy algunos productos se hallen sobrevaluados, se suma ahora que, con buen criterio, se ha quitado la exención del IVA a los productos básicos. Dado que la ayuda para obtener los mismos debe dirigirse a los sectores socioeconómicos más vulnerables, debiendo las demás franjas socioeconómicas, como en todo país organizado, tributar impuestos pues con ellos se sostienen las escuelas, los hospitales, la seguridad y un sinnúmero de servicios públicos que el Estado debe brindar.
Nos parece equivocada la postura del supermercadista que dice que los productos alimentarios no sufrieron alzas – remarcó el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca – dado que “sí aumentaron nuevamente los precios”, para los consumidores no importa si la causa es el regreso del IVA o cualquier otra circunstancia, si acuden a las góndolas y encuentran las mercaderías 21 % más caras, hubo aumentos y se enteran que reciben un nuevo golpe a sus bolsillos. El IVA graba la actividad que realiza el comercio, no obstante, como todo, los empresarios lo trasladan íntegramente al consumidor final, no hay responsabilidad social en eso. Hay que ver, de aquí en adelante, que es lo que se puede hacer para que la inflación disminuya o deje de afectar a los precios de la Canasta Básica. Para lo cual, sería bueno que las grandes cadenas de supermercados de la Provincia, más que justificar alzas, nos propongan la adhesión al Programa Nacional de Precios Cuidados o a la Propuesta de adecuación del citado programa que, tentativamente, procurará el Lic. Víctor Romea, Subsecretario de Defensa del Usuario y Consumidor de la Provincia, conforme nos adelantó. Es una coyuntura compleja la que atravesamos como país en materia económica, subrayó finalmente el Ombudsman Provincial, pero sin dudas con el esfuerzo de todos podrá ser superada. Estimamos que esa es la propuesta de los empresarios a nivel nacional la que esperamos replique en nuestro medio. –