Gialluca se\u00f1al\u00f3 que, la Justicia de Formosa atribuy\u00f3 responsabilidad al Banco por no haber cumplido con la Comunicaci\u00f3n \u201cA\u201d 5990 del BCRA que dispone respecto a las Transferencias -inclusive electr\u00f3nicas- que las entidades deben tener implementados mecanismos de seguridad inform\u00e1tica que garanticen la genuinidad de las operaciones, afirmando que el banco no cumple con dicha norma, la cual permite verificar la validez y autenticidad de las operaciones realizadas. Por lo cual, frente a los problemas de seguridad de los homebanking o plataformas de las entidades bancarias, deben hacerse responsable por los da\u00f1os causados al patrimonio de sus clientes en los t\u00e9rminos del art. 40 bis de la Ley N\u00ba 24.240 de Defensa al Consumidor. El Funcionario Provincial a\u00f1adi\u00f3 que, se solicitar\u00e1n medidas para que el Poder Judicial implemente una Unidad Fiscal de Ciberdelitos que despliegue mecanismos y contrate agentes especializados para coadyuvar en la tarea de los jueces en la investigaci\u00f3n, persecuci\u00f3n y condena de los ciberdelincuentes-<\/p>\n
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. Jos\u00e9 Leonardo Gialluca, se\u00f1al\u00f3 que, en los \u00faltimos tiempos se viene trabajando tanto en la faz administrativa como en la judicial m\u00e1s precisamente en sede penal, a consecuencia de los denominados ciberdelitos, asesorando y gestionando la devoluci\u00f3n de fondos a ciudadanos, clientes de entidades bancarias, \u201ca los cuales se les vaciaron sus cajas de ahorro sueldo o se les originaron pr\u00e9stamos, sin conocer hasta la fecha el modo o la forma en que se concretaron estos robos y estafas\u201d. Lo primero que pedimos siempre, es que cada damnificado efect\u00fae su denuncia por ante la Divisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos de la Polic\u00eda de la Provincia de Formosa, lo que obviamente origina luego una causa judicial en sede penal y tambi\u00e9n concretamos el reclamo administrativo pertinente por ante las Autoridades del Banco del cual es cliente la\/el damnificado. Gialluca refiri\u00f3 que estamos trabajando para encontrar respuestas concretas e inmediatas, \u201cen todos aquellos casos en que el usuario no comparti\u00f3 datos personales, claves, contrase\u00f1as y menos a\u00fan ingres\u00f3 a sitios web sin seguridad o falsos, con lo cual, cada persona cumpli\u00f3 as\u00ed todas las instrucciones que cada entidad bancaria informa y sin embargo lo mismo fueron robados sus dineros\u201d. En este contexto, se\u00f1alaron desde el Organismo de la Constituci\u00f3n que luego de la pandemia y al estar pr\u00e1cticamente todos los empleados p\u00fablicos y privados bancarizados, los ciberdelincuentes vienen desplegando diferentes estrategias con las cuales hasta la fecha logran sus objetivos y que se hace necesario, \u201cdar mayores garant\u00edas a todos los usuarios de nuestro sistema bancario\u201d. En esta l\u00ednea, en nuestra provincia se ha dictado el primer Fallo Judicial en el marco de una medida autosatisfactiva y donde se le ordena a una entidad bancaria a que en el plazo m\u00e1ximo de 48 horas \u201cproceda a restituir a la damnificada la suma de $ 100.000, imponi\u00e9ndose las costas a la demandada\u201d. La justicia ha determinado que, entre el banco y la titular de la cuenta bancaria, existe una relaci\u00f3n de consumo en los t\u00e9rminos del art. 2 de la Ley N\u00ba 24.240, adem\u00e1s de considerarse que los arts. 1384 a 1389 del CCC establecen que las normas del sistema protectorio del consumidor resultan aplicables a los contratos bancarios con consumidores y usuarios. De esta relaci\u00f3n de consumo surge un deber de seguridad de la entidad bancaria. Es que el propio BCRA exige a los bancos \u201ctener implementado mecanismos de seguridad inform\u00e1tica que garanticen la genuinidad de las operaciones\u201d (Comunicaci\u00f3n A 3323, 1.7.2.2.) y por ello las normas del Banco Central no solo brindan instrucciones a los bancos en materia de seguridad en sus locales, sino tambi\u00e9n en lo relativo a las transacciones electr\u00f3nicas. En consecuencia, el guardi\u00e1n de la cosa riesgosa, debe responder por los da\u00f1os que causa la misma y en todos estos casos de ciberdelitos son las entidades bancarias las que deben responder por los da\u00f1os que las mismas causan. En forma objetiva, el art. 40 de la Ley de Defensa al Consumidor 24.240, corresponde tambi\u00e9n atribuir responsabilidad a los bancos por los da\u00f1os que sufran sus clientes, si los mismos prestaran de manera defectuosa los servicios a su cargo e incumplieron con sus deberes legales, toda vez que, las medidas desplegadas fueron insuficientes e inadecuadas para brindar seguridad en el entorno digital utilizado por los usuarios. A\u00f1adi\u00f3 la Jueza en lo Civil y Comercial N\u00ba Dra. Claudia Fabiola Perez Grepo, \u201cque corresponde responsabilidad al banco, toda vez que, debi\u00f3 el mismo extremar las instrucciones algor\u00edtmicas que permitan detectar autom\u00e1ticamente operaciones sospechosas \u2013sea por la cuant\u00eda de los montos, la inhabitualidad de los movimientos, destinatarios no registrados, etc.- o llevar un registro de direcciones IP seguras o habituales, que permitan alertar la existencia de operaciones realizadas desde dispositivos con direcciones de IP no habituales, y tambi\u00e9n debi\u00f3 tener en cuenta que muchas operaciones fraudulentas -como las transferencias de sumas de dinero- podr\u00edan evitarse si la entidad bancaria exigiera ciertos recaudos para confirmar la operaci\u00f3n; y as\u00ed trabajar interinstitucionalmente con la Divisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos y otras de la Polic\u00eda de la Provincia.<\/p>\n
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